El Peritaje sobre el Caso Nutricomp ADN, el cual –luego de dos años y cinco meses- finalicé con éxito, el pasado lunes 15 de noviembre, me reveló una serie de anormalidades y muestras de quiebre en nuestro Estado de Derecho Chileno, en el cual ninguna de sus Instituciones ha podido ni deseó “colocar el cascabel al gato” a graves y patentes problemas como este, por tres razones: primero, porque las entidades del Estado ya no poseen la fuerza ni la capacidad de mando que tuvieron tan sólo hace seis años atrás; segundo, porque las mismas entidades del Estado están “metidas hasta el fondo” en una suerte de “lodo inmundo”, constituido por sus propios delitos e inexcusables negligencias; y tercero, porque quienes manejan y operan dentro de las Instituciones del Estado son personas con escasa preparación, con una formación profesional mas bien mediocre, poco manejo eficiente de tecnologías, con validaciones de “presuntos estudios realizados en el extranjero” (por ejemplo, “doctorados en teoría del conocimiento del ser mercuriano de 62 dientes”, “magister en sociología de la letra A”, “epilépticos con olor a leche”, etc.); títulos y grados, que aunque “muy profundos” en sí, nadie ha podido nunca verificar que hayan sido cursados. Analicemos brevemente cada uno de estos tres puntos.
Primero, en el pasado, cuando era niño –que no fue hace mucho- las autoridades se respetaban; la “letra con sangre entra” decían mis profesores; había una mejor y más efectiva disciplina. Las personas que estaban en el llamado “poder” al menos sabían emitir interesantes y atractivos discursos, aunque muchos de ellos no eran mas que “demagogia”; incluso en la época del General Pinochet –y aunque todos nos sonreíamos por su sonsonete un tanto campechano- su discurso era claro, preciso, y era escuchado por “todos”, aunque estos “todos” estuviesen obligados a ello. Más, a partir de la época de Frei hijo, las cosas comenzaron a cambiar: una pronunciación y oratoria que rayaba en “sonidos” y “muecas”, formas “grotescas” de contestación; escasa capacidad de análisis y nula sistematización, etc. No obstante, el “recambio cultural” total fue introducido por aquel “ser”, entre “simpaticón” y “mentalmente limítrofe”, que se convertiría en la primera fémina presidente (nunca le escuché un discurso profundo que durase más de dos minutos). En ocasiones me preguntaba: ¿sabrá ella que había sido elegida presidente? (sobre todo cuando tuvo lugar la reunión pos-terremoto). Y claro, cualquier persona que entiende algo de Economía me espetará que un presidente “pesa menos que un paquete de cabritas” (quiero decir “pop-corn”), que nuestros bancos e ingresos económicos están indexados indirectamente a la economía inglesa, puesto que nuestro Banco Central no es estrictamente “nuestro” sino que sus accionistas son bancos extranjeros, así como los controladores de la banca nacional, o mal denominada “banca nacional”. Y dado que el Estado en si no posee recursos sino que los obtiene de aquellos que invierten en nuestra nación, sumado al hecho que pareciera no existir ejecutantes u operativos en cada una de las áreas –porque tenemos “muchos caciques y pocos indios”- con el tiempo los Ministerios se han transformado en “dinosaurios” o “estructuras fósiles”, fallidas, ajenas a todo acontecimiento popular, y dado su lenta capacidad de “reacción”, hoy cualquier persona puede golpear y agredir físicamente a un funcionario, ministro, o autoridad, y la ley no está capacitada para actuar ejemplificadoramente en contra del “agresor”. Algunos me preguntarán, ¿si esto es cierto, por qué razón las instituciones no caen o se desploman estrepitosamente si, como contraparte, el “pueblo” puede hacer lo que desee con sus ministros y representantes? ¿Cómo es que sobreviven?. La respuesta es muy sencilla: porque el pueblo –que reacciona con el sentimiento, de odio o de amor- no sabe ni utiliza las leyes escritas en su favor.
Un croata me decía hace muchos años que “las leyes en el Mundo son como una tela de araña; detiene a las moscas pero no detiene a un puño”. En efecto, no existe verdad más concreta que esta frase, por lo cual nunca aquellos que detentan el poder se regirán por las leyes, porque aunque han impulsado su creación, estrictamente como una forma para controlar al “pueblo”, ellos mismos no las conocen. Por ello, la clave del éxito no es atacar a las personas físicamente –porque buscarán victimizarse tal como lo hicieron los judíos con un hoy poco creíble Holocausto- sino que el ataque debe formularse al corazón de las instituciones. Y al resultar culpables jurídicamente las entidades y las empresas asociadas con el Estado, los fallos arrastrarán a quienes en ellas laboran, procediéndose en contra de las mismas, no ya de modo personal, sino porque “tu trabajas en o para una institución que ha cometido delitos”.
Respecto al segundo punto podemos decir, puesto que el Estado debiera tener la capacidad de administrar los actos que suceden dentro del territorio que le está asociado, sus funcionarios debieran conocer –de modo presunto- cada una de las miles de leyes y reglamentos que han sido aprobadas por los “sabios” de ambas cámaras. Y dado que el Estado tiene entidades dedicadas al cobro de impuestos, las empresas extranjeras buscarán “coquetear” con entidades como Tesorería o el Servicio de Impuestos Internos para así obtener la promulgación de leyes, circulares o decretos que los eximan de pagos aduaneros, impuestos, o de la obligación de declarar los “juguetes” que importan o exportan. De este modo se crean, entre empresas privadas y entidades estatales, unas extrañas “figuras híbridas” que operan en aguas un tanto turbulentas, cuyos colores ya no serán bien definidos sino que tendrán, más bien, “color de hormiga”. Y aunque puede ser inicialmente complejo detectarlas, con el tiempo un ojo avezado pude dar rápidamente con ellas: operan como sociedades anónimas cerradas que tienen bajo su control sociedades anónimas abiertas con baja presencia bursátil; realizan operaciones de valores y de acciones en custodia con empresas cuyos Rut e iniciación de actividades fueron hace años cerradas ante el SII, mantienen Contratos secretos efectuados entre empresas que ya no existen, cuyas utilidades –por razones obvias- no figuran en las Memorias, en los Balances, ni en los análisis de riesgo; y su valor comercial siempre es inferior a que los inversionistas esperarían para una empresa que aparece con presencia internacional. Así, siguiendo el criterio comentado en el punto anterior, basta que “alguien” en forma sistemática los “torpedee” y los propios funcionarios “sintiendo la tenaza” te dirán “amigo, por favor, no nos ataques a nosotros, sino que utiliza toda tu artillería en contra de las instituciones del Estado que operan detrás nuestro”. ¿Qué mejor ayuda que la de un delator?
Y por último, refiriéndonos al tercer punto, cuántas personas conocemos nosotros como chilenos, enquistadas en las entidades del Estado donde figuran con aparatosos y grandes CV, que sin embargo parecen corresponder a otro ser humano a la hora de escucharlos hablar o cuando deben resolver situaciones “normales” o cotidianas, en materias que no implican conocer “la Teoría de la Relatividad Especial” de Einstein. Sus informes rayan en lo “delirante” y sus argumentos son tan superficiales como los análisis que pueda efectuar un periodista o un sociólogo, quienes siguieron estas carreras puesto que su Coeficiente Intelectual no les dio para titularse de abogados. Ejemplos tenemos en demasía: una presidenta que dice ser médico pero que nunca pudo comprobar las asignaturas cursadas y aprobadas; una presunta licenciada en filosofía que nunca logró cursar medio semestre; un supuesto médico cubano encargado de Epidemiología pero que ha rehuido mostrar sus convalidaciones en Chile; un periodista español que no sólo no ha convalidado en Chile sus estudios sino que en la universidad española, donde presuntamente estudió, no lo conocen “ni en pelea de perros” pero que, no obstante, se hincha como “pavo real” por haber hallado al viejo Paul Schaeffer, etc., son sólo algunos de los ejemplos. La gran mayoría de los funcionarios que pululan en las instituciones del Estado no son mas que “niños domados” con escaso raciocinio que sufren el denominado “Síndrome de la Clase Perdedora”, de modo que su única capacidad de reacción es el enojo. ¡Y más encima se enojan! ¿Puede alguien creerlo? Sí, amigo, es así. Ellos se enojan. Se enfurecen, sus miradas se ofuscan, y enloquecen cuando un “ciudadano” les aplica las mismas leyes que por años fueron publicadas en el Diario Oficial para el resto de los “mortales”. Más, cuando aquellas se les aplican a ellos, por sus actos delictuales, por el desconocimiento que muestran en materia legal, por sus negligencias inexcusables, entonces argumentan persecución personal, acoso, prejuicios porque son negros, porque son mapuches, porque sus padres los abandonaron, porque tienen cara de “nanas”, porque son feos, etc. Todos aquellos defectos físicos y metales que siempre les han perseguido (como su propia sombra) y que constituían las burlas de sus compañeros de colegio, ahora se transforman en sus “aliados”. Ahora bien, entre los pocos funcionarios “inteligentes”, como aquellos que pueblan los ministerios de Economía, de Hacienda o en el Ministerio del Interior, para evitar que se “escapen con colores propios”, se suele escoger a “tipos con taras”, con problemas de niñez, o bien a “judíos” porque siempre este “hecho de sangre” constituirá su complejo de inferioridad, aunque digan “de la boca para afuera” que son superiores a todos y que los demás somos “goim” (cerdos, en el “coa hebreo”). Para evitar la victimización por parte de estos “seresitos humanitos”, es razón por la cual –y a diferencia de lo que en el pasado se estableció como norma- hoy se debe atacar, como ya dije, al corazón de las instituciones, para que, al obtenerse fallos, la jurisprudencia alcance también a sus funcionarios, que en definitiva, son los motores de aquellas malogradas y macilentas instituciones que no hacen más que succionar, como gigantescos “agujeros negros”, los dineros que fueron alguna vez de todos los chilenos.
Así, y respecto del Caso Nutricomp ADN, mis conclusiones fueron, entre otras, las siguientes: que la marca Nutricomp ADN fue inscrita a beneficio del Rut de Tesorería Regional Metropolitana (que la beneficia hasta el año 2015); que la marca Leche Purita está –desde los años ochenta- a nombre de FONASA; que Loncoleche S.A. y sus sucesoras legales son empresas que, más que operar como entes privados, parecen formar parte de algunos órganos de la Administración del Estado (por la mala forma en que se administran, problemas contables, contratos con empresas cerradas, etc.); que la línea de productos Nutricomp ADN en polvo y líquido fue definida, por Contratos y Registro de Marca, como Alimentos de Uso Médico y Productos Farmacéuticos, respectivamente; que el producto se exportaba al extranjero como fármaco y que se establecieron graves problemas en hospitales en naciones como Paraguay, Bolivia, Manila, Rusia, etc.; que el producto siempre debió regirse por el Reglamento de Productos Farmacéuticos, vigente desde febrero de 1982 y cuyos textos refundidos se encuentran bajo el Decreto N° 1876 de 1995 del Ministerio de Salud; que entre las entidades ISP, Ministerio de Salud, Seremis antiguos y actuales y el Ministerio Público emitieron documentos confusos y contradictorios entre si, unos afirmando que Nutricomp ADN era un Suplemento Alimenticio, otros afirmando que no era así, sino que se trataba de un Alimento para Regímenes Especiales, etc.; que tanto fiscales, como jueces, así como abogados de la defensa y querellantes podrían ser formalizados prontamente por los delitos de Prevaricación por resolver o fallar en contra de “norma expresa”, o en contra de “ley vigente”, sobre todo por desconocer un Reglamento que en febrero próximo cumplirá 30 años. Por estos delitos podría solicitarse la inhabilidad perpetua para todos estos abogados, funcionarios, autoridades, fiscales, etc., quienes sabiendo que Nutricomp ADN era un alimento de uso médico, que se regía por un Reglamento diferente de aquel por el cual se rigen los restantes alimentos, en general, resolvieron en contra de la evidencia presentada en septiembre de 2008 por la abogada Ruzy Mitrovic, fallando en contra de Ley Expresa y Vigente.
En conclusión, por el mero imperio de la ley, debieran “irse para la casa” conocidos y eximios abogados de la plaza, quedando inhabilitados de forma perpetua para ejercer su profesión de abogado, quedando inhabilitados para ejercer cargos o puestos en la Administración Pública, más el pago de costas, multas y debiendo enfrentar posibles penas de presidio. Todo esto –como lo he dicho- por el sólo imperio de la ley, en contra de la cual no existe prueba en contrario, luego de haberse publicado en el Diario Oficial.
Ahora bien, con respecto a los médicos que prescribieron el alimento de uso médico Nutricomp ADN, sus faltas fueron las siguientes: presumiéndose en ellos conocida la ley, administraron un alimento de uso médico como si fuese un suplemento alimenticio (o un alimento para regímenes especiales), estos últimos dos regidos por un Reglamento totalmente diferente del que rige a Nutricomp ADN (los médicos actuaron en contra de ley expresa); que en las Fichas Médicas de los consumidores de Nutricomp ADN no figuran los exámenes que acrediten control diario de Electrolitos Plasmáticos (ELP) y de Gasometrías (cuando el paciente estuvo hospitalizado) ni el control periódico cada 10 días de estos mismos exámenes en pacientes ambulatorios; que no constan los “test de tinción a lípidos” como era rigor aplicar en pacientes que mostraban Neumonías o Síndromes Bronquiales Obstructivos (SBO) recurrentes, aún cuando los hemocultivos, urocultivos, y cultivos en las broncoaspiraciones, resultaban todos negativos. Dado que los médicos son profesionales serios (no son “síquicos”), debieron haber efectuado estos controles para saber cómo y cuánto compensar a un paciente que presente desequilibrio ácido-base. Por tanto, la sola ausencia de estos tres exámenes o test en los pacientes, sumado al hecho que prescribiera un “fármaco” como si fuese un Suplemento, los hace responsables –por negligencia médica- de las muertes y de las secuelas experimentadas por los consumidores del fatídico alimento, que con la anuencia del Estado de Chile, se distribuyó ilegalmente y se exportó como contrabando, durante 24 años, sin que nadie se diese cuenta de estos hechos. De este modo, todo paciente que haya experimentado Hipokalemia Severa, esta será la principal prueba en contra del médico tratante.
En resumen, mi Peritaje demostró desconocimiento legal entre las autoridades y desconocimiento clínico entre los médicos. Pero, cuando los descubres ¡más encima se enojan!, se enfurecen de modo similar a como el “delincuente” se enoja cuando el detective o el policía lo “pilla en acción”. Por ello, aquí el ataque no se ha establecido en contra de médicos, o en contra de Autoridades, o fiscales, sino en contra de las Instituciones para las cuales trabajan ellos; el hecho que nuestra acción les alcance no son otra cosa que “daños colaterales”. El resultado de esta “Operación” traerá consigo algo bueno: se producirá el tan ansiado recambio, “otros” tomarán el control de las entidades que los “viejos crack” antes de un año abandonarán, por la “buena o por la mala”; demostrando la excepción a la regla “todo pasado fue mejor”. Y de esos “árboles caídos” todos querrán “hace leña”.
Porque, al fin y al cabo, se cumple el viejo y sabio refrán que hemos aprendido quienes nos criamos en el Sur de Chile: “cuando el Cóndor se hace viejo, hasta el Tiuque se caga en él”.
Así, cuando estos “entes”, cansados y ya fuera de todo “ruedo”, muestren su cólera en contra nuestra -¡porque más encima se enojan!-, nosotros les contestaremos: ¡Amigo, esto no es nada personal, sino estrictamente negocios!
En un próximo artículo desarrollaré lo que aquí he denominado “Síndrome de la Clase Perdedora”.
